OGM: Una lucha por la supervivencia

¿A favor o en contra de los alimentos transgénicos?

En los últimos años, científicos independientes, asociaciones civiles y campesinos han emprendido una fuerte lucha para que los gobiernos de diversos países reviertan o no aprueben la siembra de semillas transgénicas para su consumo, debido a que hasta el momento se desconocen cuáles son las consecuencias en el organismo a largo plazo.

Asimismo, se ha acusado a las empresas trasnacionales, que producen y diversifican estos productos, de monopolizar el sector agrícola; así como de contaminar cultivos nativos y el medio ambiente en general.

El tema de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) es complejo, y por tanto, a nivel mundial se han tomado diversas decisiones al respecto, que van desde su prohibición hasta su total comercialización.

Por ejemplo, el 11 de noviembre de 2014, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votó a favor de que los países de la Unión Europea (UE) tengan mayor capacidad legal para prohibir los cultivos transgénicos en sus territorios; y se votó en contra de asignar un papel formal a las empresas biotecnológicas en las decisiones sobre la prohibición de transgénicos.

En España, el país con más superficie de transgénicos de la UE, se vive una gran tensión debido a que esta propuesta permitiría la entrada de más cultivos transgénicos, ante la posible aceleración del proceso de autorización de decenas de cultivos pendientes en Bruselas.

“Si se aceleran las autorizaciones y se permiten nuevos cultivos transgénicos en la UE, España será una vez más el principal objetivo de las empresas biotecnológicas, amparadas por la falta de transparencia y control en torno a estos cultivos”, refirió Blanca Ruibal, responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra.

Del otro lado del continente, Guatemala vivió una situación similar. El 26 de junio de 2014 el Congreso de la República y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación aprobaron la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (conocida como “Ley Monsanto”), lo cual desató la inconformidad de su población.

Aunado a las protestas y bloqueos, el 29 de agosto, de ese mismo año, los magistrados de la Corte Constitucional recibieron un amparo presentado por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, en donde se argumentó que la normativa era nociva y por tanto, se pedía su derogación.

Esto fue de suma importancia para los campesinos y pueblos indígenas, debido a que la “Ley Monsanto” estaba redactada para dar beneficios al convenio del Tratado de Libre Comercio firmado entre Guatemala y Estados Unidos en 2005, como el hecho de que cualquier variedad vegetal genéticamente modificada por selección artificial, cruzamiento o alteración genética, podría ser patentada, y la vigencia del derecho del autor tendría duración de hasta 25 años.

De tal manera, que dejaba en manos de empresas transnacionales como: Monsanto, Dow, Dupont/Pioneer, Syngenta, Bayer y Basf, que controlan el 100 % del mercado mundial de semillas transgénicas, el dominio del sector agrícola.

Además, se establecían multas de 130 a mil 300 dólares contra los reproductores de semillas patentadas en Guatemala, además de uno a cuatro años de cárcel; lo cual representaba pobreza y riesgo para la seguridad alimentaria, así como temor para las familias que viven de la productividad agrícola, porque sus actividades estarían limitadas y podrían ser castigadas penalmente por el cultivo de maíz y poroto.

Antonio González, integrante de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, advirtió que esta ley “afecta a la biodiversidad, a semillas locales que llevan siete mil años cultivándose y que no requieren patentes ni manipulaciones en laboratorio, y que han alimentado a los habitantes de Guatemala desde hace siglos”. 

Finalmente, ante la presión de las organizaciones ambientalistas, campesinos y de la propia prensa internacional, el 4 de septiembre de 2014, el Congreso de Guatemala derogó la “Ley Monsanto”.

MÉXICO, EN EL MENÚ

En México, todo lo relacionado a los cultivos genéticamente modificados (GM) se encuentra fuertemente influenciado por Estados Unidos y Canadá, debido a que estos países tienen grandes avances en materia de biotecnología vegetal. Tan sólo Estados Unidos posee tres de las principales empresas trasnacionales que se encargan de producir y comercializar semillas GM.

De acuerdo con Greenpeace, desde 2008, Chihuahua ha sido un ejemplo de la existencia de siembra ilegal y contaminación transgénica en variedades convencionales de maíz; pero después de que se autorizara siembras experimentales de este grano en la entidad, se puso en mayor riesgo la diversidad de maíces y a los productores que siembran variedades convencionales en el Valle de Cuauhtémoc.

En tanto, durante 2009 y 2010 el Gobierno federal aprobó 29 permisos de liberación al ambiente, en etapa experimental, de maíz genéticamente modificado (GM), el cual ha sido un tema muy debatido, debido a que México es considerado el lugar de su origen y domesticación, y donde existe una gran variedad de especies.

Pese a todo ello, a la fecha, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha autorizado 132 productos transgénicos para su comercialización, de los cuales 50% corresponde a maíz, y el resto a soya, algodón, canola, entre otros. Lo que continúa prohibido en México es la siembra de maíz genéticamente modificado para su comercio.

Al respecto, el especialista en biotecnología agrícola, José Miguel Mulet, consideró que la política que aplica el gobierno mexicano de prohibir el uso en granos transgénicos para el consumo humano se contrapone, porque por un lado, no permite su siembra en tierras mexicanas, pero el 30% de los granos que importa, como el maíz y el frijol, son transgénicos.

Agregó que mientras en México no se dan avances en esta materia, en Estados Unidos se dan pasos acelerados y venden la producción de granos a otros países.

No obstante, la coordinadora de campañas de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Elena Álvarez-Buylla, aseguró que la autorización de productos transgénicos en México es una medida que favorece a las transnacionales que monopolizan el mercado.

Y la guerra continúa… en los últimos meses, Monsanto ha luchado para que se retire la medida precautoria emitida el 17 de septiembre de 2014 para impedir la siembra comercial de maíz transgénico en el país.

René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas, dijo que después de casi un año y medio de contienda judicial ante quince tribunales federales, 89 impugnaciones contra la suspensión de la siembra de maíz transgénico y en contra de la demanda ciudadana, las organizaciones sociales buscan mediante una estrategia internacional contrarrestar a funcionarios y abogados de corporaciones multinacionales y del gobierno mexicano, para impedir la siembra de maíz modificado en territorio mexicano para su comercialización.

Por su parte, el director general de Agrobio México, organismo que agrupa las empresas dedicadas a la biotecnología, Alejandro Monteagudo, manifestó que este año no fue posible concretar la obtención de permisos para la siembra de maíz transgénico, pero confió en que 2015 sea el año en el que ya lo puedan sembrar.

“Ya llevamos cuatro años cultivando en etapa fase experimental y piloto y eso nos ha dado evidencia suficiente para demostrar que es una tecnología inocua que además trae múltiples beneficios a los productores", explicó.

Cabe destacar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) publicó la NOM-001-SAG/BIO-2014, la cual establece que se deben etiquetar los alimentos genéticamente modificados, también conocidos como “transgénicos”, destinados a siembra, cultivo y producción agrícola.

Además, como advertencia de bioseguridad, la etiqueta deberá incluir la leyenda: “Esta semilla genéticamente modificada no debe sembrarse, cultivarse o producirse fuera de las zonas autorizadas para su liberación”.

UN DULCE TRANSGÉNICO

El Senado de la República mexicana propuso en la primera semana de enero de 2015, que a través de la Secretaría de Economía y de la Sagarpa, se impulse una firme defensa de las exportaciones mexicanas de azúcar a Estados Unidos. 

Ello, considerando que hay 1 millón 100 mil toneladas de azúcar que se están tratando de colocar en el mercado, los cuales equivalen a una misma cantidad de sustituto del azúcar procedente de Estados Unidos, el cual se importa sin cobrar aranceles. Sin embargo, el gobierno estadounidense impuso una cuota compensatoria de hasta 17% al azúcar, por lo que los senadores analizan los mecanismos legales apropiados para detener las importaciones de jarabe de maíz de alta fructuosa si Estados Unidos cierra su mercado al azúcar mexicana.

La organización Veo Verde explicó en 2013 que el consumo del sustituto de azúcar tiene impacto en la salud, en la economía y en el comercio, porque “esta sustancia es producida en Estados Unidos a partir de maíz transgénico, y curiosamente, el mismo país la prohíbe en varios de sus alimentos”.

Además, el estudio de la Universidad de Princeton, indicó en 2010 que el consumo del jarabe de maíz de alta fructosa está relacionado con la actual epidemia de obesidad.

QUIÉN TIENE LA ÚLTIMA PALABRA

¿Qué factores han influenciado para que los gobiernos permitan o no, la siembra de semillas transgénicas para consumo humano?

De acuerdo con el investigador de la Universidad Politécnica de Valencia,  José Miguel Mulet, el uso de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en la agricultura permite ahorrar en pesticidas y se obtiene una mayor producción a menor costo. Además, es una herramienta que permite seleccionar plantas mejores y permite introducir caracteres interesantes en las plantas de cultivo.

Agregó que los transgénicos no son causantes de enfermedades como se piensa, ya que lo que causa enfermedades son las bacterias que pueden traer consigo las plantas y los animales que se comen, sean o no genéticamente modificados.

El ganador del Premio Mundial de Alimentación 2014, Sanjaya Rajaram, también destacó que los OGM aminoran el trabajo de campo; sin embargo, se desconocen sus efectos en la salud a largo plazo, se requiere más supervisión para evitar la propagación de transgenes a cultivos afines y corren el riesgo de conceder a una sola empresa la distribución de una semilla muy exitosa.

En este contexto, durante las Jornadas Científicas Internacionales sobre Transgénicos: "Los transgénicos en el ámbito científico, agrícola, medioambiental y de la salud", que se llevaron a cabo en Madrid, en noviembre de 2011, científicos europeos y españoles explicaron que el cultivo de los transgénicos al aire libre supone un grave peligro para la salud y el medio ambiente y no tiene nada que ver con el empleo de esta tecnología en laboratorio, en ambientes confinados. 

Asimismo, la doctora en ciencias biológicas del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, María del Carmen Jaizme, aseguró que los microorganismos del suelo también son víctimas de los cultivos transgénicos, y por lo tanto la fertilidad de los suelos y la alimentación están en juego.

Por su parte, la organización global Greenpeace explicó que la primera evaluación global y exhaustiva que se realizó sobre el desarrollo de la agricultura con la participación de cuatrocientos científicos arrojó la conclusión de que los cultivos transgénicos no son una opción para alimentar al mundo en el año 2050.

Lo anterior, debido a que el camino del desarrollo de la agricultora global ha estado más concentrado en el crecimiento de la productividad que en la administración de los recursos naturales con una seguridad alimentaria y nutricional.

Destacó que una vez que se son introducidas las semillas transgénicas a un país, el alto precio de las semillas transgénicas y las inversiones adicionales requeridas para sembrar este tipo de cultivos son muy difíciles de cubrir por parte de los campesinos, quienes incluso, pueden ser demandados por las empresas monopólicas como Monsanto, si detectan semillas patentadas en sus campos, aunque se haya dado por casos de contaminación. 

Tan sólo de los juicios registrados hasta el 26 de octubre de 2007 en Estados Unidos, los montos concedidos a Monsanto por 57 juicios contra agricultores sumaron 21.583.431.99 dólares.

Otro aspecto que destacó Greenpeace, es el fracaso de los cultivos transgénicos, donde plantas que se modificaron para ser resistentes a los insectos, ahora están siendo atacadas por esos mismos insectos; e incluso, cultivos nativos han sido contaminados pese a las medidas que se toman para mantenerlas puras.

Ejemplo de ello fue en 2009, cuando se detectó contaminación por parte de una variedad de linaza transgénica en exportaciones canadienses a Europa y Japón, lo que provocó un colapso en el mercado que causó enormes pérdidas a productores canadienses.

En cuanto a su resistencia a plagas, en Colombia, los agricultores demandaron a Monsanto, argumentando que la empresa los engañó sobre las variedades de plantas, las cuales fueron atacadas por gusanos y dañadas por los herbicidas cuando la promesa era que los resistirían.

Después de años del uso continuo en Estados Unidos de glifosato como herbicida en cultivos genéticamente modificados (GM) de “Roundup Ready”, las hierbas invasoras están desarrollando resistencia al químico. Aunado a ello, los cultivos tienen que deshierbarse a mano, para no aplicar herbicidas adicionales y perderlo todo, lo cual implica un costo extra para el agricultor.

Aunque hasta nuestros días han sido diversos los argumentos por parte de las empresas trasnacionales para darle una oportunidad a los OMG, las organizaciones civiles, científicos, campesinos y algunas poblaciones se han negado a aceptar que los alimentos transgénicos sean una solución viable para la supervivencia de la humanidad.

Fuente: Mira tu México