La diputada local Ana Juana Ángeles dijo que antes de consumar un ecocidio, las autoridades deben analizar la posesión de 26 mil m2 de tierras agrarias en las que se realizarán las obras.
La diputada Ana Juana Ángeles Valencia exigió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revisar el contrato de posesión de 26 mil metros cuadrados de tierras en las que se pretende construir un túnel para el paso del tren interurbano, debido a que dicha extensión pertenece a 2 mil 344 comuneros reconocidos por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 8.
Explicó que sólo con los dueños de esas tierras se debería pactar la realización de cualquier proyecto de obra, porque al avalar el contrato falso que firmó con dirigente agrario espurio (no auténtico) está repudiando un fallo emitido por el tribunal, y da cabida a que se solicite un juicio político al titular de la dependencia federal y castigo penal a los involucrados.
Incluso, las autoridades de la SCT deben despejar cualquier asomo de corrupción antes de dinamitar el Cerro de San Lorenzo Acopilco, utilizar una retroexcavadora y consumar un ecocidio, del cual el gobierno federal deberá enfrentar de manera penal en el país y en tribunales internacionales.
Asimismo, dijo que se debe realizar una investigación penal hasta las últimas consecuencias debido a que las autoridades ya incurrieron en un ecocidio al derribar más árboles de lo permitido, mientras que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) debe dar un informe detallado sobre este asunto para no convertirse en cómplice.
Aclaró que Morena no se opone a la modernidad sino a un ecocidio, y están a favor de que las obras se realicen en el lugar adecuado luego de una consulta con los ciudadanos.
Fuente: ALDF
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